Hacia un verdadero espacio europeo de justicia: Reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento

14/03/2014

La Comisión Europea ha esbozado su visión de la futura política de la Unión Europea en materia de justicia. Cuatro años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la construcción de un espacio europeo de justicia ha avanzado a pasos agigantados.

La Comisión ha utilizado la legislación en el ámbito de la justicia para reducir la burocracia y los costes para los ciudadanos y las empresas, impulsar la recuperación económica y facilitar la vida de los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación. El objetivo de la Comisión para el futuro es seguir avanzando hacia el funcionamiento pleno de un espacio europeo común de justicia basado en la confianza, la movilidad y el crecimiento de aquí a 2020.

«En el espacio de unos pocos años, la política de justicia ha pasado a ocupar un lugar de privilegio en la actividad de la Unión Europea, comparable al impulso dado al mercado único en la década de los 90. Aunque se ha avanzado mucho, aún queda mucho por hacer para desarrollar un verdadero espacio europeo de justicia» ha declarado la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE. «Tender puentes entre los diferentes sistemas judiciales supone generar un clima de confianza. Un verdadero espacio europeo de justicia solo puede funcionar de forma óptima si existe confianza recíproca en los distintos sistemas judiciales. Asimismo debemos centrarnos en otros dos retos: la movilidad de los ciudadanos y las empresas de la UE en un espacio sin fronteras y la contribución de la política de justicia de la UE al crecimiento y la creación de empleo en Europa».

El periodo final de 2014 será un momento clave en el desarrollo de la política de justicia de la UE: el Programa de Estocolmo del Consejo Europeo, previsto para un periodo de cinco años, y el Plan de Acción de la Comisión (IP/10/447) por el que se establecen las prioridades para el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, llegarán a término el 1 de diciembre de 2014. Otro tanto sucederá con la fase transitoria establecida en el Tratado de Lisboa para el ámbito de la justicia. Ello eliminará las limitaciones que existen actualmente sobre el control jurisdiccional por parte del Tribunal Europeo de Justicia y la función de la Comisión como guardiana del Tratado en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, lo que implica que estará facultada para iniciar procedimientos de infracción en caso de que la legislación de la UE – previamente acordada por unanimidad por los Estados miembros – no se haya aplicado correctamente.

Hoy se ha publicado la visión de la Comisión sobre el futuro de la política de justicia de la UE, junto con su agenda futura en el ámbito de los asuntos de interior (véase IP/14/234). Ambas agendas futuras adoptan la forma de una comunicación. En el ámbito de la justicia, la Comisión señala tres retos principales: reforzar la confianza recíproca, facilitar la movilidad y contribuir al crecimiento económico.

1.    Confianza. La confianza recíproca es la base sobre la que debe asentarse la política de Justicia de la UE. Determinados instrumentos de la UE, como la orden de detención europea o las normas sobre conflicto de leyes entre los Estados miembros, requieren un alto grado de confianza recíproca entre las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros. Aunque la UE ha sentado unas bases sólidas para fomentar la confianza recíproca, debe reforzarse aún más para garantizar que los ciudadanos, los profesionales del Derecho y los jueces confíen plenamente en las resoluciones judiciales con independencia de cuál sea el Estado miembro en el que hayan sido adoptadas.

2.    Movilidad. Crece de día en día el número de europeos que ejerce su derecho a la libre circulación: cada vez es más frecuente que viajen, estudien, se casen, formen una familia, compren y vendan productos más allá de sus fronteras nacionales en Europa. En la actualidad existen cerca de 14 millones de ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro del que no son nacionales. Aunque los ciudadanos hacen valer cada vez más sus derechos, siguen enfrentándose a algunas dificultades prácticas y jurídicas cuando intentan ejercer en otro Estado miembro los derechos de que gozan en el suyo. La Comisión se enfrenta cada día a estos obstáculos: en su último informe sobre la ciudadanía de la UE ha propuesto, por ejemplo, doce iniciativas para reforzar los derechos de los ciudadanos (IP/13/410 y MEMO/13/409). Con carácter prioritario, la política de justicia debe seguir eliminando los obstáculos con que se enfrentan los ciudadanos de la Unión a la hora de ejercer su derecho a circular libremente y a vivir en cualquier país de la UE.

3.    Crecimiento. A lo largo de los últimos años, se han puesto en marcha iniciativas en el ámbito de la justicia con el fin de apoyar a las empresas, y contribuir al crecimiento y la estabilidad económica mediante la mejora del acceso a la justicia y facilitando la resolución de controversias. He aquí algunos de los ejemplos: garantizar que una resolución dictada en un Estado miembro pueda reconocerse en otro sin necesidad de trámites burocráticos (IP/12/1321); proponer una Ley europea de compraventa por la que las empresas puedan optar a la hora de operar en los 28 países de la UE (MEMO/14/137); una norma de protección de datos moderna para el mercado único digital (MEMO/14/60) y avanzar hacia una «cultura de salvamento y recuperación» en materia de insolvencia transfronteriza (IP/12/1354). En el futuro, la política de justicia de la UE debe seguir fomentando la recuperación económica, el crecimiento y la lucha contra el desempleo. Se necesitan reformas estructurales para garantizar que los sistemas judiciales puedan ofrecer una justicia rápida, fiable y digna de confianza. Las empresas tienen que tener la certeza de que estarán en condiciones de ejecutar contratos y litigar con eficacia en toda la UE, sin tener que salvar los obstáculos a los que se enfrentan aún hoy en día.

Para abordar estos retos, la Comisión propone basar la futura política de la UE en materia de justicia en una combinación de diferentes iniciativas: consolidar lo ya logrado, codificar el Derecho y la práctica de la UE cuando sea necesario y complementar, cuando proceda, el marco vigente con nuevas medidas. Con objeto de optar por el mejor planteamiento en cada ámbito, será preciso analizar cada caso concreto y llevar a cabo evaluaciones de impacto.

•    Por ejemplo, la consolidación es necesaria para garantizar la existencia de vías de recurso y de las autoridades nacionales responsables de la ejecución con el fin de que los derechos se hagan realidad en la práctica, formar a jueces y profesionales del Derecho para que se conviertan en verdaderos «jueces del Derecho de la Unión», y mejorar el uso de la tecnología de la información en los procedimientos judiciales y extrajudiciales.

•    Podría considerarse la codificación de la legislación vigente de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en el ámbito de las normas de consumo o de los derechos procesales de los sospechosos de delitos –racionalizando el marco existente y haciendo que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de ellos con mayor facilidad.

•    Complementar las políticas de justicia y los instrumentos legales existentes debe realizarse siempre con la vista puesta en reforzar la confianza recíproca, facilitar la vida de los ciudadanos y contribuir en mayor medida al crecimiento. Entre los enfoques por los que se ha de optar se puede incluir el reconocimiento mutuo, la armonización tradicional y el Derecho sustantivo o procesal opcional armonizado, por ejemplo.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo y el Consejo ya han celebrado conversaciones sobre el futuro de las políticas de justicia de la UE. El Colegio de Comisarios celebró un debate de orientación el 25 de febrero. La Comunicación de la Comisión adoptada hoy servirá de base para nuevos debates y, en particular, en el seno del Consejo Europeo que se celebrará el 24 de junio.

Contexto

La política de justicia de la UE ha experimentado cambios profundos en los últimos años. La cartera de Justicia no se creó hasta 2010, al comienzo del mandato de la actual Comisión. Desde entonces, la Comisión ha presentado más de 50 iniciativas en este ámbito, lo que ha supuesto aplicar más del 95 % del Programa de Estocolmo y ha sentado los cimientos de un verdadero espacio de Libertad, Justicia y Seguridad al servicio de los ciudadanos europeos – uno de los objetivos esenciales de la UE recogidos en el Tratado de Lisboa.

Se han tomado medidas importantes en tan solo unos pocos años: Los nuevos derechos de la UE para las víctimas de delitos (IP/12/1200), el refuerzo de los derechos a un juicio justo para los sospechosos en procedimientos penales (IP/12/575, IP/13/995, IP/13/921) y un mayor reconocimiento de sentencias (IP/12/1321) han mejorado el acceso a la justicia, al tiempo que las propuestas de la Comisión relativas a la protección de los datos personales darán, sin duda, un espaldarazo a los derechos fundamentales y al mercado único digital (MEMO/14/60). La Comisión también inició la creación de una Fiscalía Europea con el fin de velar por que cada euro del presupuesto de la UE pueda ser empleado para sus fines y quede protegido de posibles delincuentes (MEMO/14/124). Por otra parte, iniciativas como los Indicadores de la Justicia de la UE (IP/13/285) han puesto de relieve lo importantes que son para el crecimiento económico los sistemas y políticas de justicia.

En noviembre pasado, la Comisión Europea organizó la conferencia «Assises de la Justice» (IP/13/1117), punto de encuentro para jueces, abogados, profesores universitarios, responsables políticos y representantes del mundo empresarial procedentes de toda Europa, con el fin de debatir sobre el futuro de las políticas en este ámbito. En enero de 2014, se organizó una conferencia similar para debatir sobre las futuras políticas de la UE en materia de asuntos de interior.