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Protección de datos: se acabaron los abusos

12/12/2018

 La tecnología global avanza y presenta nuevos riesgos, pero Europa está preparada gracias a la reforma de sus reglamentos.

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Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados en todo momento, pero también abren la puerta a nuevas amenazas en nuestra privacidad. Las y los eurodiputadas/os han estado trabajando desde 2012 en la reforma de la legislación sobre protección de datos para garantizar que los ciudadanos tengan el control de su información personal en el mundo digital. El parlamento aprobó una nueva normativa en el pleno de abril de 2016.

Esta reforma pretende devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas el control de sus datos personales y garantizar en toda la Unión Europea unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. También incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y policiales.

Las nuevas reglas incluyen:

El derecho al “olvido”, mediante una rectificación o supresión de datos personales.

La necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de datos personales.

La “portabilidad”, el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios.

el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados.

Lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad.

Multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.

El nuevo paquete de protección de datos también incluye una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Se aplicarán intercambios de datos transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de cada país.

La intención es proteger a las personas implicadas en las investigaciones policiales y procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de sus derechos y el establecimeiento de límites en la transmisión de datos para la prevención, investigación, detención y enjuiciamiento de delitos o la imposición de penas.

Este reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario oficial de la UE. Sus disposiciones serán de aplicación directa en todos los Estados miembros dos años después.

Los países miembros tendrán un plazo de dos años para trasladar los cambios de la directiva a la legislación nacional.



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